El segundo semestre de 2024 confirma la tendencia
negativa en materia de emancipación juvenil y coloca a la juventud española en
un escenario crítico. Según la última edición del Observatorio de Emancipación
del Consejo de la Juventud de España, sólo el
15,2% de las personas jóvenes vive fuera del hogar familiar, el peor dato
registrado en un segundo semestre desde que se comenzó a registrar en 2006.
La principal barrera sigue siendo el acceso a una vivienda digna. El precio medio del alquiler alcanzó un máximo histórico de 1.080 euros mensuales (+11,6% interanual), lo que obliga a que una persona joven asalariada tenga que destinar el 92,3% de su sueldo si quiere vivir sola. Este desequilibrio, agravado por una subida de precios mucho más rápida que la de los salarios, está consolidando lo que ya se conoce como una generación inquilina: el 57,9% de las personas jóvenes emancipadas vive de alquiler y, de ellas, casi un tercio comparte piso para poder asumir los gastos.
El acceso a la propiedad tampoco ofrece un panorama alentador: el precio medio de compraventa (197.210 euros) equivale a 14 años de salario juvenil, y la entrada necesaria para adquirir una vivienda (59.163 euros) supone cuatro años completos de sueldo. Esta barrera económica, unida a la precariedad laboral, retrasa la independencia residencial y prolonga la permanencia en el hogar familiar.
Aunque el mercado laboral
muestra algunos signos de mejora, como que la tasa
de paro juvenil bajó al 19,1%, el valor más bajo desde 2007, la
precariedad persiste. Entre las personas menores
de 25 años, el desempleo sigue en el 24,9%, y un 35,5% de quienes trabajan compaginan su empleo con
estudios, especialmente las mujeres (40,5%). Además, el 36,2% de la juventud ocupada está sobrecualificada para su
puesto.
El problema económico va
más allá de encontrar empleo: en 2024, el 30%
de las personas jóvenes estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, y casi
1 de cada 5 jóvenes con empleo (18,8%) seguía en esta situación, un
porcentaje que ha aumentado respecto a 2009. Entre quienes están en paro, la
cifra supera el 50%.
En cuanto al nivel
educativo, más de 6 de cada 10 jóvenes han superado la educación obligatoria y
un 29,8% ha cursado estudios superiores. Sin embargo, esta formación no
garantiza condiciones de vida independientes: la tasa de paro entre jóvenes con
estudios superiores (13,4%) es significativamente más baja que entre quienes
solo tienen estudios primarios (42,3%), pero la
dificultad para emanciparse persiste en ambos grupos debido a los costes de
vivienda.
El Observatorio concluye
que, pese a la mejora parcial de algunos indicadores laborales, la falta de
acceso a la vivienda sigue siendo el principal freno para el desarrollo de un
proyecto vital independiente entre la juventud española, perpetuando una situación que combina precariedad,
sobreendeudamiento y riesgo de pobreza.
Desde el Consejo de la
Juventud de España reclaman al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que abra
un canal activo y periódico de seguimiento para evaluar la evolución de la
situación juvenil y reformar aquellas políticas que no están funcionando. Medidas
como la aplicación efectiva de la
Ley por el Derecho a la Vivienda, la reforma del Bono Alquiler Joven para
que llegue realmente a toda la población joven o la construcción de parque público de vivienda con un 40%
destinado a juventud son imprescindibles para revertir esta tendencia.
El CJE sostiene que el acceso a una vivienda digna es un derecho básico y su vulneración repercute de forma transversal en todas las esferas de la vida juvenil, desde la salud mental hasta la capacidad de desarrollar un proyecto vital independiente. Por ello, urgen a que se garantice la participación directa de la juventud en el diseño y evaluación de todas las políticas públicas que le afecten para poder llegar a un cambio real.
INFORME COMPLETO: https://www.cje.org/investigacion/#290-310-2o-semestre-2024


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