El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha presentado
su nuevo informe sobre las condiciones de la juventud emancipada, el cual
revela datos alarmantes sobre las dificultades económicas que atraviesan los
jóvenes para acceder y mantener una vivienda en alquiler. La investigación, que
aborda el problema de la vivienda desde una perspectiva socioeconómica, lleva
por título “Un problema
como una casa” y ha sido presentada esta mañana en el Ministerio
de Cultura.
Uno de los aspectos más
preocupantes que resalta el informe es que un
35% de las personas jóvenes emancipada tiene ingresos inferiores a 1.000 euros
netos al mes. Además, el 40% de los encuestados afirma no poder ahorrar más
de 100 euros al mes, lo que pone en evidencia las dificultades de la juventud
para poder establecer un proyecto vital independiente. La media que destinan
los jóvenes al pago de la vivienda asciende a 466,7 euros, y casi 4 de cada 10 jóvenes deben destinar más del
40% de su salario a este fin.
En cuanto a las condiciones
del alquiler, el informe revela que casi la mitad de las personas jóvenes que
viven de alquiler deben hacer frente a una fianza equivalente a dos meses de
alquiler, y un 41,5% de los casos supera los 600 euros destinados a este
concepto. Además, el 50% de los jóvenes
arrendatarios ha tenido problemas con sus caseros, principalmente por
la falta de reparación de desperfectos en las viviendas.
En términos de compra de
vivienda, queda de manifiesto que el 80%
de los jóvenes que viven de alquiler comprarían una vivienda si no existieran
obstáculos económicos. Sin embargo, la realidad es que muchos jóvenes
propietarios, casi la mitad, han necesitado la ayuda de terceras personas para
poder acceder a una hipoteca.
Javier Muñoz, responsable del área socioeconómica del CJE, afirma al respecto: “si queremos una juventud con plena ciudadanía, con condiciones suficientes para poder vivir dignamente, es urgente que las administraciones colaboren para aplicar políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda. Hay que demostrar que las instituciones y el sistema democrático pueden solucionar las necesidades de la juventud, contando con ella para desarrollar las políticas públicas. Una democracia no puede ser solo votar, también debe ser derechos y condiciones de vida digna, de lo contrario podemos estar dando cancha a los discursos individualistas y antidemocráticos.”
ACCESO AL INFORME COMPLETO:
https://drive.google.com/file/d/1ip4AxFBp__oCccZL01g52hTQtADRI_TW/view?pli=1
I ESTUDIO SOBRE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES JÓVENES EN NAVARRA
Los datos muestran que, si bien la violencia sexual no es
la que tiene una mayor prevalencia actualmente -está por detrás de la violencia
física y la psíquica-, el número de agresiones y de mujeres supervivientes ha
aumentado en los últimos años, con una tendencia continuada.
Este aumento de las cifras, sin embargo, no puede atribuirse de forma exclusiva a un acrecentamiento en este tipo de agresiones, sino que existen diferentes elementos que pueden influir en el mismo, como pueden ser: la mayor concienciación, conocimiento y detección de violencia sexual y/o el aumento del número de mujeres que denuncian o acuden a servicios especializados ante una situación de violencia sexual.
En su análisis, el estudio reivindica el
relato de las mujeres supervivientes y considera “urgente” la implicación de
los hombres en la lucha contra las diferentes formas de violencia sexual, con
la finalidad de modificar el carácter estructural de este fenómeno y evitar los
discursos que niegan, deslegitiman o minimizan la gravedad de las experiencias
vividas por las víctimas. Las autoras de esta investigación proponen un “cambio
de foco en la conceptualización, dinámicas e intervención en la violencia sexual,
implicando a los hombres en la prevención, detección y abordaje de las mismas y
desresponsabilizando a las mujeres”.
A este respecto, denuncian la
“revictimización” que supone centrar el discurso contra la violencia sexual en
las mujeres que la padecen, que para protegerse se aplican “una serie de
límites” que suponen una merma a sus derechos y libertades y “las posicionan en
una categoría de ciudadanía inferior a la de los hombres, al tiempo que
reafirman la posición de superioridad de los agresores sobre las mujeres y,
también, sobre otros varones”. Destacan que la violencia sexual está “altamente
naturalizada y silenciada” en sus múltiples formas, que van desde la invasión
del espacio personal sin permiso (tocamientos, roces, cortes de paso, etc.) a
acorralar o violar, con violencia o sin ella.
El estudio señala que los agresores son
personas conocidas, cercanas (familiares, parejas, amistades, compañeros de
trabajo). En cuanto a su perfil de edad, la media de edad se sitúa en los 30-49
años —el 38.9 % de los agresores durante la serie 2018-2022—. Es decir, suelen
ser más mayores que las mujeres agredidas. La violencia sexual, según recoge la
investigación, se lleva a cabo en todos los espacios, pero, sobre todo, en las
familias y en aquellos espacios denominados “de ocio”.
En la información desagregada, destacan como
principales víctimas de casos de violencia sexual las mujeres menores de 17
años y aquellas que tienen entre 18 y 29 años. Los datos proporcionados por los
cuerpos policiales ofrecen cierta visión temporal que permite ver cómo ha
aumentado el número de mujeres víctimas de violencia sexual (de 134 casos en
2018 a 356 en 2023) y cómo esta se centra en los grupos de edad más jóvenes
(142 casos de menores de 17 años en 2023, 115 casos entre 18 y 29 años, 74
casos entre 30 y 49 años, 21 casos entre 50 y 64 años y 2 víctimas mayores de
65 años).
Por otra parte, en lo que respecta a las zonas
de mayor prevalencia, destacan el número de violencias sexuales detectadas en
Pamplona y su Comarca, seguidas de Tudela y la Ribera Alta, datos en
consonancia con la densidad de población que presentan estas dos zonas en el
territorio navarro.
El número de mujeres atendidas ha aumentado en
todos los servicios de asistencia. Los recursos que más casos han atendido son
aquellos que cuentan con funciones más logísticas o de gestión, como son los
cuerpos policiales, cuya atención consiste en la interposición de denuncias, y
el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense, el cual realiza las pruebas
periciales previas al juicio. Otros servicios, como los Equipos de Atención
Integral a víctimas de Violencia contra las mujeres (EAIV) o la Oficina de Atención
a las Víctimas de Delitos (OAVD), registran menos casos de violencia sexual al
año, pero ofrecen una atención más intensiva.
Finalmente, el estudio considera importante
señalar que el avance del movimiento feminista y del ejercicio real de los
derechos de las mujeres tiene como consecuencia “un rearme contestatario
machista”, cuya manifestación pasa por el recrudecimiento de las violencias
contra las mujeres a través de nuevos mecanismos y estrategias.
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